El desarrollo como proyecto político
Columna escrita por Camilo Martínez, Octavio Soto y Valentina Viera, Lic. en Desarrollo y socios de Auled, y publicada en La Diaria el 19/10/2026
El economista español especializado en desarrollo Alfonso Dubois ha señalado que cada época y cada sociedad construye su propia idea de desarrollo. Esa definición no surge en el vacío, expresa las convicciones, las expectativas, los conflictos y también las posibilidades de una sociedad en un momento histórico determinado.
Durante la segunda mitad del siglo XX, el concepto de desarrollo fue objeto de múltiples debates. Durante mucho tiempo se lo asoció casi exclusivamente con el crecimiento económico. Sin embargo, esa mirada fue ampliándose. Hoy resulta difícil pensar el desarrollo sin incorporar cuestiones como la desigualdad, el acceso a la educación de calidad y la salud, la calidad del empleo, la ampliación de derechos, la sostenibilidad ambiental o las posibilidades efectivas que tienen las personas para construir proyectos de vida que consideren valiosos.
Esta ampliación del concepto supone reconocer, al menos, tres cuestiones. En primer lugar, que el desarrollo es una construcción histórica y social. No existe una única definición válida para todo tiempo y lugar; cada sociedad discute qué entiende por una vida digna y cuáles son los principales obstáculos que impiden alcanzarla, al igual que qué mecanismos son necesarios para alcanzarlos.
En segundo lugar, el desarrollo tiene una dimensión normativa. Hablar de desarrollo implica formular juicios sobre situaciones que una sociedad considera deseables y sobre otras que entiende como injustas o inaceptables. La pobreza persistente, las desigualdades extremas, las dificultades de acceso a servicios esenciales o las brechas territoriales no son simplemente datos de la realidad, estas constituyen problemas sobre los cuales una sociedad decide -o no- intervenir.
En tercer lugar, el desarrollo es multidimensional. El crecimiento económico importa, pero por sí solo no garantiza mejores condiciones de vida. Importan también la distribución de los recursos, la calidad del empleo, el acceso a bienes y servicios públicos, la participación social, la disponibilidad de tiempo para el cuidado y el ocio, así como la relación de nuestras sociedades con el ambiente.
Sin embargo, existe una dimensión adicional que muchas veces queda en segundo plano, el desarrollo es también un proyecto político. Esto significa que no alcanza con identificar problemas ni con acordar objetivos generales. Para que una sociedad pueda modificar sus condiciones de vida, necesita construir prioridades, establecer acuerdos, movilizar recursos y desarrollar instituciones capaces de sostener esas decisiones en el tiempo.
Entender el desarrollo como un proyecto político implica reconocer que no alcanza con acordar grandes objetivos. También es necesario definir prioridades, asignar recursos y establecer qué problemas deben atenderse primero. Esas decisiones no son neutras: expresan distintas formas de entender el desarrollo y pueden generar acuerdos, tensiones y desacuerdos. Por eso, una estrategia de desarrollo necesita instituciones capaces de sostener el diálogo, procesar esas diferencias y transformar objetivos generales en decisiones públicas concretas.
En ese proceso, el Estado ocupa un lugar central. No porque pueda ni deba actuar de manera aislada, sino porque posee capacidades específicas para coordinar actores, orientar recursos, disminuir incertidumbres, impulsar políticas públicas y transformar objetivos colectivos en acciones concretas. Por eso, discutir sobre desarrollo implica también discutir qué Estado necesitamos, con qué capacidades, con qué instrumentos y bajo qué mecanismos de participación y rendición de cuentas.
Esta discusión cobra especial relevancia en el marco del proceso de construcción de una Estrategia Nacional de Desarrollo en Uruguay. La participación de organizaciones sindicales, cámaras empresariales, organismos públicos y otros actores constituye una oportunidad para volver a colocar en el centro una pregunta que el país no debería abandonar: ¿qué Uruguay queremos construir en las próximas décadas y qué capacidades necesitamos desarrollar para hacerlo posible?
Desde la Asociación Uruguaya de Licenciadas y Licenciados en Desarrollo (Auled) entendemos que una estrategia de este tipo no debería reducirse a un conjunto de medidas sectoriales ni limitarse al período de un gobierno. Su verdadero potencial radica en la posibilidad de construir acuerdos que trasciendan ciclos políticos, generen capacidades estatales permanentes y permitan consolidar políticas de Estado en áreas decisivas para el desarrollo.
Una estrategia implica necesariamente priorizar. Si todos los objetivos tienen la misma jerarquía, difícilmente existirá una estrategia propiamente dicha. Construir una visión de desarrollo exige definir qué transformaciones resultan críticas, qué capacidades deben desarrollarse primero, qué instrumentos permitirán impulsarlas y cómo se evaluará su avance. Esto supone, además, construir mecanismos institucionales que permitan aprender durante la implementación, revisar decisiones y corregir cursos de acción cuando los resultados no sean los esperados.
Con ese propósito, durante 2026 impulsamos un ciclo de actividades orientado a contribuir al debate público sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta una estrategia de desarrollo de largo plazo. La primera actividad estuvo dedicada a la ciencia, la tecnología y la innovación. Allí se discutió su carácter transversal para cualquier estrategia de desarrollo y, en particular, la necesidad de vincular más estrechamente la generación de conocimiento con la resolución de problemas productivos, sociales y ambientales concretos. La segunda instancia puso el foco en la dimensión territorial. Una estrategia nacional solo puede materializarse si reconoce que el desarrollo adopta formas distintas en cada territorio. Las capacidades productivas, los problemas sociales, la infraestructura disponible y las posibilidades institucionales no son iguales en Montevideo, el litoral, el norte o el este del país. Incorporar esta dimensión supone articular políticas nacionales con agendas departamentales y locales y generar capacidades para promover proyectos concretos desde los territorios.
La tercera actividad del ciclo buscará profundizar en el desarrollo como proyecto político. Para el desarrollo, son pilares fundamentales la planificación, la gobernanza y las capacidades del Estado. El jueves 22 de octubre, a partir de las 18.30, en el salón de actos Luisa Cuesta de la Facultad de Ciencias Sociales tendrá lugar una mesa integrada por Cristina Zurbriggen, Fernando Isabella, Alejandro Milanesi y Diego Aboal.
La propuesta parte de una pregunta sencilla, pero decisiva: si el desarrollo constituye un proyecto político, ¿cómo hacemos para que una estrategia nacional no quede reducida a un documento de buenas intenciones? La discusión se orientará hacia los mecanismos institucionales necesarios para planificar, implementar, coordinar y evaluar políticas públicas de forma sostenida. También hacía la construcción de capacidades estatales que permitan producir información, anticipar escenarios, coordinar actores y sostener decisiones más allá de los cambios de gobierno.
Uruguay cuenta con una larga tradición de políticas públicas y de construcción institucional. Pero pensar en el desarrollo hacia el futuro exige algo más que responder a los problemas inmediatos. Requiere recuperar la capacidad de proyectar, establecer prioridades y construir acuerdos sobre cuestiones que solo pueden resolverse en horizontes de mediano y largo plazo.
En definitiva, discutir una Estrategia Nacional de Desarrollo supone discutir mucho más que un conjunto de políticas. Supone preguntarnos qué objetivos colectivos queremos perseguir, qué acuerdos estamos dispuestos a construir y qué instituciones necesitamos para sostenerlos. Porque el desarrollo no ocurre espontáneamente; es el resultado de decisiones, conflictos, acuerdos y capacidades construidas socialmente a lo largo del tiempo.